La importancia de una correcta terminología en el ámbito jurídico

El “proces” es el monotema en España desde hace meses. La sentencia judicial, que ha tenido como consecuencia penas de cárcel de más de una decena de años para algunos de los acusados, ha provocado la ira de muchos manifestantes, que llevan semanas provocando disturbios y daños económicos de enorme cuantía en Cataluña.

Pero el “proces” va más allá de la sentencia a los acusados en España, pues son varios líderes políticos los que abandonaron el país y están “exiliados” o “fugados de la justicia”, dependiendo quien hable sobre esta cuestión.

Muy recientemente, Reino Unido rechazó tramitar la euroorden contra Clara Ponsatí por considerarla “desproporcionada” para la ley británica. Unos días más tarde, finalmente Reino Unido aceptó tramitar la euroorden, pero no es la primera vez que la justicia española sufre un varapalo de este tipo, ya que Bélgica ha tomado esa misma medida en alguna ocasión siendo Carles Puigdemont el requerido por los tribunales españoles.

Sirva esta introducción para mencionar la importancia de la terminología en ámbitos como la traducción o la jurisprudencia y el Derecho. En el caso de la traducción, la terminología es una parte muy importante y que ejerce mucho  peso y tiene mucha presencia en el mundo de las lenguas.

La traducción de textos especializados, técnicos o científicos es increíblemente compleja y, si ocurre como en el caso del “proces” en el que los delitos que se juzgan en España  no son similares a los que son motivo de juicio en Bélgica o Reino Unido, una mala traducción puede derivar en resultados inesperados, como el rechazo de la tramitación de estas euroórdenes.

¿Qué es la terminología?

El vocablo terminología ofrece dos conceptos ligados a su significado. Por una parte es el conjunto de términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia. Así, la terminología jurídica es toda aquella que incluye el diccionario jurídico. La segunda acepción es entender la terminología como la disciplina que practican los terminólogos.

En la primera acepción forman parte de la terminología los términos comunes y característicos de ámbitos específicos y que se recogen en diccionarios. Pero conviene no confundir otros términos que pueden ser muy similares: diccionario, vocabulario, léxico y glosario.

Los que más confusión generan en este ámbito son los de diccionario y glosario. Mientras que un diccionario es un repertorio terminológico que presenta todas las definiciones, nocionales, referenciales, gramaticales y fonéticas de determinada disciplina, el glosario alude únicamente a términos antiguos, raros o poco conocidos. El glosario es, por tanto, menos habitual que el diccionario.

Las traducciones jurídicas, ¿cómo conseguir que un documento jurídico traducido sea fiel al original?

La traducción, volviendo al tema del “proces” es una disciplina que gana en importancia. Es fundamental ante situaciones de este tipo contar con la asesoría de profesionales de la traducción jurídica o jurada, con el fin de garantizar el éxito de una buena traducción y evitar cualquier responsabilidad que pueda derivarse de la mala elección de un término jurídico en cuestión.

En este sentido, no hay nada mejor que comprender las connotaciones que encierran las distintas figuras jurídicas para poder traducirlas correctamente, más si cabe cuando en otros idiomas esas diferencias no existen o no están claramente definidas, o como en el caso del “proces”, los tipos delictivos no se ajustan de igual modo a la jurisprudencia española.

Ejemplos comunes en derecho procesal

Si lo que se pone sobre la mesa es el Derecho Procesal y no el Derecho Penal hay algunos ejemplos muy significativos de la importancia de la traducción en el ámbito jurídico. Así, no es lo mismo plazo de prescripción que plazo de caducidad.

En cualquier diccionario jurídico se diferencian estos dos conceptos, pero hay que saber tratarlos bien en los documentos traducidos. El plazo de prescripción aparece recogido en las normas legislativas y se caracteriza por la capacidad del titular de interrumpirlo mediante el ejercicio de su derecho y su obligación de alegarlo frente a cualquier reclamación.

El plazo de caducidad impone un límite temporal para ejecutar determinados derechos subjetivos. Este plazo no se interrumpe, sino que es perentorio, aunque mientras esté vigente sí que podrá ser apreciado de oficio por cualquier tribunal sin necesidad de alegación por parte de su titular.

Otro ejemplo es la confusión entre rescindir y resolver, pues en obligaciones contractuales es habitual hacer mención a estos conceptos con el término anglosajón “terminate”. La resolución encierra una acción real, de naturaleza imprescriptible y con efectos retroactivos. En el caso de la rescisión se trata de una acción personal sujeta a una prescripción de cuatro años, sin efectos retroactivos y sin perjuicio a terceros.

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